El caso del triple crimen de Florencio Varela, donde tres chicas fueron salvajemente asesinadas presuntamente por un jefe narco, puso sobre el tapete una vez más la situación del narcotráfico en la Argentina, un problema sin solución aparente y con una inevitable tendencia a agravarse.
A las habituales fronteras porosas de nuestro país, la presunta connivencia de algunos sectores policiales y de la política con el narco, se suma una grave desatención oficial en materia de prevención y vigilancia, tanto a nivel nacional como en diferentes localidades.
Sin embargo, vale la pena repasar algunos datos.
Ya este medio había dado cuenta en un informe publicado en 2023 de una fuerte caída en las causas iniciadas por la justicia federal en materia de narcotráfico, de acuerdo a estadísticas oficiales.
Según datos de la propia Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), entre 2011 y 2022, los expedientes iniciados habían caído más de un 85%. Mientras que en 2011 se iniciaron 26.668 causas vinculados a dicho delito, en 2022 se formaron solo 14.137.
Pero ya desde 2023 la tendencia volvió a incrementarse. Mientras en aquel año, se constituyeron 19.965 expedientes, en 2024, último año de estadísticas publicadas por la Procunar en su portal Plataforma Interactiva, se formaron 20.703.
Aún así, se trata de una caída del 30% respecto a 2011.
Dicha plataforma muestra “información descriptiva de las causas iniciadas por estupefacientes desde el año 2011 hasta el 2024 en el ámbito de la justicia federal, tomando como base los datos registrados al momento de su ingreso al sistema de administración de justicia, específicamente al Ministerio Público Fiscal (MPF)”.
Los delitos que comprende son básicamente por violación a la Ley de Estupefacientes (ley 23.737), así como aquellas investigaciones por el delito de contrabando de drogas, tipificado en el artículo 866 del Código Aduanero (ley 22.415).
Pero hay algo más.
Las investigaciones iniciadas por la propia Procunar en 2024 respecto a otros años, registraron una caída. Mientras que en 2019 se iniciaron 328 nuevas intervenciones, durante el año pasado fueron 272. Lo que representa un 18% menos, a pesar de la gran penetración del narco en todo el país.
En su informe de Gestión, la Procunar se justiifica afirmando que la disminución va “en línea la aplicación de criterios de selectividad a fin de identificar las intervenciones más relevantes en función de un enfoque estratégico (objetivo fijado desde 2019 para incrementar la calidad de las intervenciones en lugar de su cantidad)”.
En tanto, en agosto de este año, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salió a denunciar el despido de un centenar de trabajadores de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) en todo el país.
A través de un comunicado, desde el gremio de los estatales denunciaron «despidos, salarios de hambre y precariedad laboral» en la secretaría encargada de brindar asistencia a los consumidores en materia de la prevención y el tratamiento de adicciones.
Según dijo el gremio, los damnificados son beneficiarios del Ingreso Estímulo para el fortalecimiento de las políticas y acciones de las diferentes áreas de la Sedronar que cobraban una suma no mayor a los $350 mil.
Un mes después, el Gobierno Nacional dispuso el cierre de 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en distintos puntos del país, dependientes de la Secretaría.
Desde la administración de Javier Milei, afirmaron que “luego de un extenso trabajo de supervisión y auditoría sobre los 583 CAAC, Sedronar detectó graves irregularidades en 32 que no cumplían con los criterios básicos para la atención y acompañamiento de las personas con consumos problemáticos de sustancias”, agregando que “ninguna persona se quedará sin atención, todas serán reubicadas”.
Entre las deficiencias encontradas, señalaron «la ausencia de prestaciones específicas en consumos, una apertura semanal menor a cuatro días y la falta de un equipo profesional mínimo».
En Mar del Plata, al menos, desmienten la versión oficial, donde la ciudad cuenta con tres Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat), que dependen de la Sedronar: El Martillo, Casa Caracol en el barrio Malvinas Argentinas y Bosque Grande.
De aquellos 100 despedidos, 10 eran de la ciudad balnearia.
“En el último semestre, entre los tres dispositivos, asistimos a más de 4.000 personas”, le dijo Soledad Elizalde, coordinadora de El Martillo, al diario “La Capital”.
Y agregó: “Cuando no está el Estado, están los narcos. La narcoestructura cumple el rol del Estado ausente: organiza, contiene y explota. Entra con los pibes muy jóvenes, porque no hay escuelas que contengan, ni salas de salud, ni clubes, ni trabajos estables”.
Algo similar la cuentan a este medio desde el SEMDA (Servicio Municipal de Atención a las Adicciones), dependiente del Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon.
“No hay inversión, está todo detonado, no se abren Centros de día ni de internación, nada de nada. Estamos invisibilizados para esta gestión”, afirma un operador del SEMDA que pide preservar su identidad. “Está todo detonado, hacemos lo que podemos y con salarios de hambre”, reclama, afirmando que desde el organismo derivan pacientes al Hospital Regional, nosocomio que atiende a 22 localidades de la provincia, y la mayoría de las veces los rechazan por falta de camas.
Nada cambia. O más bien empeora.
En octubre del año pasado, este medio publicó un extenso informe exponiendo la grave situación en materia de consumo de estupefacientes que atraviesa la ciudad de Mar del Plata.
“El consumo de drogas en Mar del Plata ha crecido alarmantemente entre niños y adolescentes, con niños desde los 11 años involucrados. La falta de recursos, políticas públicas y estadísticas impide una respuesta adecuada al problema. Centros como el SEMDA están colapsados y organizaciones como la Posada del Inti han cerrado sedes por desfinanciamiento”, se decía entonces.
“Desde los distintos centros especializados en el tema, ya sea públicos o privados, avisan que el consumo es muy alto, que no hay recursos suficientes en ningún nivel del Estado (municipal, provincial y nacional), y que hay una alarmante desfinanciación del sistema de prevención por parte del Gobierno de Javier Milei. Eso hace que infinidad de chicos adictos queden directamente sin atención, con todo lo que ello implica”, agregábamos.
A eso se suma la falta de políticas públicas en la materia, y la ausencia de un abordaje integral del problema
«Pero lo peor de todo es que no hay estadísticas. Si las hubiera, se podría hacer un diagnóstico más preciso y poder solicitar la asistencia necesaria. La sensación que se transmite es que al tema no se da la cabal importancia que abarca, ni más ni menos, al futuro inmediato de la Argentina».
“Sigue sin haber estadísticas”, confiesan desde el SEDMA, afirmando que “a nadie la conviene que las haya, ni al municipio, ni a provincia ni a Nación”.
Para el abordaje de consumos problemáticos, en la esfera de la provincia de Buenos Aires se encuentran los CPA (Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Consumos Problemáticos), y a nivel nacional, la SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), que trabaja en forma articulada en Mar del Plata con la Posada del INTI, una ONG “que aborda la Prevención, Asistencia e Integración Social de Trastornos Psicofísicos y Sociales diversificada en diferentes Programas”.
En el Servicio Municipal de Adicciones de Mar del Plata, según pudo averiguar este medio, se hacen admisiones grupales cada 15 días. A la cantidad de chicos que ya están en tratamiento prolongado, se suman quincenalmente entre 15 y 20 jóvenes más, lo que torna muy difícil un adecuado abordaje.
Para peor, cada vez son más chicos los pacientes: ya están pidiendo auxilio familiares de niños de 11 y 12 años. Un horror.
La droga más utilizada en la ciudad por esta franja etaria es la llamada “pipa”, es decir, la cocaína fumada, que posee una muy alta toxicidad. Se cree que su consumo hoy afecta a más del 90% de las personas bajo tratamiento en las comunidades terapéuticas.
Un año después, la situación es exactamente la misma.
Para cerrar, algunos datos oficiales.
Según la citada Plataforma de la Procunar, entre 2016 y 2019, se iniciaron en Mar del Plata 220 causas por narcotráfico, mientras que entre 2020 y 2021, se abrieron apenas 16. En tanto, entre 2022 y 2023, fueron 50. Y el año pasado, 40.
Traducido: en el cuatrienio 2016-2019, se iniciaron más causas que en los cinco años siguientes. (220 vs 106).
Nada menos que el doble,
Antonela Martina
