Al igual que como lo hiciera Australia el año pasado, el gobierno danés afirmó en las últimas horas que planea introducir una prohibición de las redes sociales para los niños menores de 15 años.
La primera ministra Mette Frederiksen (foto portada) no especificó qué redes sociales quedarían sujetas a la prohibición ni cómo funcionaría en la práctica, cuando anunció la iniciativa en un discurso ante el Parlamento en la apertura de su sesión de otoño.
El proyecto de ley, cuyo cronograma aún no se ha especificado, autorizaría a los padres a permitir que sus hijos utilicen las redes sociales a partir de los 15 años, y no antes.
“El teléfono móvil y las redes sociales están robando a nuestros niños su infancia”, dijo Frederiksen, argumentando que el 60 por ciento de los niños daneses de entre 11 y 19 años prefieren quedarse en casa en lugar de pasar tiempo con sus amigos.
Australia ha sido pionero en los esfuerzos mundiales para prevenir el daño que Internet causa entre los jóvenes.
A finales de 2024, su parlamento adoptó una prohibición del uso de las redes sociales para los menores de 16 años, aunque todavía no hay casi detalles sobre cómo se aplicará la medida.
Plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube quedan dentro del ámbito de aplicación de la prohibición australiana.
La medida, se dijo, «busca respaldar a los padres en la protección de sus hijos frente a los posibles impactos negativos que estas plataformas pueden tener en la salud mental de los adolescentes y niños».
“Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin. Quiero que los padres y las familias australianas sepan que el Gobierno los respalda”, afirmó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.
La nueva legislación exige a las empresas tecnológicas tomar “medidas razonables” con el fin de impedir que los menores de edad accedan a las redes sociales. En caso de incumplimiento, las compañías podrían enfrentar multas de hasta 50 millones de dólares australianos (aproximadamente 32 millones de dólares estadounidenses).
Este medio piblicó un artículo sobre el caso australiano en septiembre de 2024.
En septiembre de aquel año, la ministra de Comunicaciones del país, Michelle Rowland, había presentado una nueva legislación al Parlamento afirmando que la información errónea y la desinformación representan una «seria amenaza» para la «seguridad y el bienestar» de los australianos, así como para «nuestra democracia, sociedad y economía».
El anterior proyecto de ley había sido calificado de «ataque a libertad de expresión».
Por ello, el gobierno se vio obligado a abandonar esa versión preliminar después de que fueran ampliamente condenadas por todos, desde organizaciones de medios y empresas tecnológicas hasta grupos de libertades civiles e incluso la Comisión Australiana de Derechos Humanos.
Al igual que el proyecto anterior, las nuevas leyes facultan a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) a imponer multas masivas (de hasta el 5 por ciento de los ingresos globales) a las plataformas de redes sociales que no tomen medidas adecuadas contra la información errónea y la desinformación en sus plataformas.
La ACMA también recibió nuevos poderes para aprobar códigos industriales ejecutables para lidiar con la desinformación y la información errónea, o establecer estándares por sí misma, si considera que las plataformas no han abordado el problema a través de la autorregulación.
La ley limita el alcance de lo que puede capturarse a contenido que sea “verificable como falso, engañoso o falaz” y “razonablemente probable que cause o contribuya a causar un daño grave”.
Veremos de qué se trata el proyecto danés. Aunque, en cualquier caso, la cuestión logra instalar en la sociedad un debate más que necesario.
Redacción
