En las últimas horas, se conoció la noticia de que la justicia federal de Mar del Plata investigará una serie de denuncias contra agrupaciones que presuntamente obligaban a titulares de planes sociales a concurrir a marchas bajo amenaza y extorsión.
Así lo determinó el titular del Juzgado Federal 3 de la ciudad balnearia y subrogante del 1, Santiago Inchausti, al aceptar 13 de las 16 denuncias realizadas a la línea 134, a pesar del dictamen del Ministerio Público Fiscal, que se había opuesto a la decisión de trasladar las actuaciones a Mar del Plata.
¿Por qué? Porque aquellas se habían iniciado en los tribunales porteños, tras una denuncia formal elevada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde se expuso que numerosas personas habrían sido obligadas a asistir a marchas bajo amenaza de perder beneficios sociales o mercadería.
Posteriormente, el juez Ariel Lijo determinó que 16 denuncias correspondían territorialmente a Mar del Plata y las remitió a esta jurisdicción, pero el MPF se opuso.
La línea 134, habilitada por el Gobierno nacional en diciembre de 2023, es un número gratuito, confidencial y habilitado las 24 horas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para denunciar delitos federales, extorsiones para asistir a marchas, amenazas sobre planes sociales y coacciones de intermediarios.
Entre las denuncias se repiten hechos conocidos. A través de amenazas, extorsiones económicas y condicionamiento de ayuda social, distintos beneficiarios aseguran haber sido coaccionados por referentes de distintas organizaciones sociales para concurrir a movilizaciones, bajo advertencias de que serían dados de baja del plan Potenciar Trabajo o privados de bolsones de alimentos.
En su resolución, el juez Inchausti encuadró los hechos en “el delito de coacción por el uso de amenazas para imponer conductas contra la voluntad de las personas”.
Entre las agrupaciones denunciadas, se encuentran el Polo Obrero, Libres del Sur, Atahualpa, la Cooperativa A Trabajar 4 y el Frente de Organizaciones en Lucha, organizaciones de fuerte presencia en Mar del Plata.
En diciembre de 2023, que es cuando habrían ocurrido los hechos investigados, se sucedieron una serie de marchas en todo el país contra el recién asumido Gobierno de Javier Milei.
En la ciudad balnearia, por caso, marcharon el 20 de diciembre diversas agrupaciones piqueteras y el mencionado Polo Obrero para exigirle a la administración local el reparto de cajas navideñas.
Días antes, un grupo de militantes de la organización Votamos Luchar-MTR, englobados en el llamado Frente Piquetero, escrachó una sucursal de una importante cadena de supermercados, en pleno centro marplatense. Luego de ello, los manifestantes acamparon tranquilamente sobre la calle Hipólito Yrigoyen, frente al Municipio, burlando el entonces flamante Protocolo Antipiquetes.
Así mismo, el 27 de diciembre de aquel año, el Partido Obrero (PO), el Frente de Izquierda y la Coordinadora Sindical Clasista (CSC), entre otros, convocaron a una concentración bajo la consigna “Para derrotar el DNU, el protocolo, la ley ómnibus, y el plan de ajuste de Milei y el FMI”.
Pero además de ello, tal como contara este medio a través de diversos informes en los últimos años, fue muy fuerte durante el gobierno de Alberto Fernández la toma de terrenos en la ciudad, una práctica que en la actualidad parece parte del pasado.
La más recordada quizá sea la de los terrenos de la zona del Marquesado, cuando una mañana de marzo de 2023, un grupo de entre 40 Y 60 personas, algunos con remeras con la leyenda “Tierra Techo Trabajo” y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y otros militantes del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) del dirigente social Juan Grabois, tomó unos terrenos de 140 hectáreas.
El predio se encuentra sobre la ruta 11 camino a Miramar, frente a la playa La escondida, a 50 minutos del centro de Mar del Plata y dentro del partido de General Pueyrredon.
El objetivo, según dijeron, era llevar a cabo “el estudio de suelos para realizar huertas comunitarias sin agrotóxicos, tambos, viviendas, escuela y salas de primeros auxilios”. En principio, comentaron, “serían 100 familias” que “viven y cultivan en Batán y Sierra de los Padres, y gente del MTE de Grabois”.
O aquella en la que este medio reveló, y que mereció un informe emitido en el programa “La Cornisa”, de Luis Majul, cuando el gobierno bonaerense decidió desafectar unos terrenos en Mar del Plata destinados a la construcción de establecimientos educativos para entregárselos, a través de un Programa instrumentado por Nación llamado “Lote.Ar”, al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Lo hizo a partir de un “Permiso de uso” suscripto el 20 de noviembre de 2021 entre la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE) y la Secretaría de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social nacional, a cargo del plan “Lotes con Servicios para la Integración Socio Urbana de Barrios Populares”.
A partir de ello, las cuadrillas del MTE se instalaron en el lugar el 26 de abril de 2022 y comenzaron las obras poco tiempo después, pese a la oposición de muchos sectores. Y el 15 de enero de 2023 el propio Grabois viajó a la ciudad a “inaugurar” las viviendas.
Pero aquellas tomas no fueron las únicas. En Mar del Plata, donde el líder social tiene un fuerte arraigo y hasta ediles que le responden, sucedieron varias, algunas célebres y otras no tanto.
En julio de 2023, promediando la tarde de un jueves, un grupo de cerca de 50 familias tomó un predio ubicado en el barrio Belisario Roldán de la ciudad balnearia, comprendido por las calles Roca, 190, Juan B. Justo y 196, frente a la escuela primaria 54 y al jardín de infantes 949.
“Nosotros no tomamos terrenos, queremos pagarlos en plazos. Además, está todo abandonado, es un basural sin iluminación”, describía entonces Alicia Pavón, que encabezó el grupo de vecinos movilizados.
La zona en cuestión ya había sido noticia hace en 2016, cuando el entonces Presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal encabezaron un acto y fueron atacados a pedradas por organizaciones y militantes kirchneristas y de izquierda, en un recordado episodio que generó una fuerte disputa entre referentes de la justicia y funcionarios adscriptos a la agrupación judicial k Justicia Legítima.
El predio tomado pertenecía a la firma Plantel, una empresa constructora que ha desarrollado todo tipo de obras en todo el país, y tiene su sede en Mar del Plata.
No era la primera vez que se tomaban dichos terrenos.
En agosto de 2022 un grupo identificado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) del ex precandidato presidencial k Juan Grabois, también lo ocupó advirtiendo que allí levantarían un galpón con fines logísticos para sus labores de economía popular. Afirmaron pertenecer a la rama “frutihortícola” de dicho movimiento social.
Pero a los pocos días, el MTE emitió un comunicado donde, si bien admitía que la toma había sido realizada por militantes propios, la misma no tenía el respaldo de la organización y la desautorizó.
En octubre de 2022, unas 45 familias tomaron un predio en otro de los barrios más postergados de la ciudad, Las Heras. Los terrenos estaban delimitados por las calles Fortunato de La Plaza, Rufino Inda y Reforma Universitaria.
En aquel caso, el desalojo se realizó en forma pacífica y se montó un gran operativo alrededor, con policías, ambulancias, funcionarios municipales y judiciales.
Pocos meses después, en marzo del año pasado, y a apenas 500 mts del predio tomado aquella vez, más de 30 familias ocuparon un terreno de cuatro hectáreas, en reclamo de “un lugar para poder vivir mejor”.
Más ejemplos. El 23 de junio de 2022, distintas organizaciones barriales de izquierda se movilizaron a la sede del gobierno marplatense solicitando tierras municipales para poder llevar adelante un plan de viviendas prometido desde Provincia.
Días antes, las agrupaciones que encabezaron la protesta –Movimiento Teresa Rodríguez, CUBA-MTR, Cooperativa A Trabajar, Barrios Unidos en Lucha, Movimiento Argentina Rebelde y el Polo Obrero-habían entregado un petitorio al secretario de Obras de la Municipalidad, Jorge González.
Dicho petitorio, según explicaron las organizaciones, estaba centrado en que el Municipio aporte las tierras necesarias para que desde la delegación local del Instituto de Vivienda de la Provincia bajen el financiamiento para la construcción de 45 viviendas.
Ya bajo la administración de Milei, se produjo un intento de tomas en un predio baldío ubicado a no más de 300 metros del acceso sur del Estadio Mundialista, que fue rápidamente desactivado por el gobierno municipal.
Tal vez la Justicia también debería poner la mira en estos graves episodios.
Pablo Portaluppi
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
