Acusan al Gobierno de no combatir la ludopatía y de fomentarla “en plataformas legales”

En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei presentó un paquete de cuatro proyectos en el Congreso. Uno de ellos es una nueva Ley de Ludopatía.

Lo curioso del caso es que ya hay un proyecto que tiene media sanción de Diputados desde octubre de 2024, y que nunca pasó por el Senado, ya que, según se afirma, “no era del agrado del Gobierno”.

Los hechos parecen demostrarlo. Un mes después de su aprobación en la Cámara Baja, en noviembre de 2024, pasa a Senadores. Pero recién más de un año después, a fines de 2025, el proyecto fue tratado en la Comisión de Salud a cargo de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, pero el tema quedó virtualmente “cajoneado”.

¿Por qué? De acuerdo a lo que este medio informó en su momento, aquella iniciativa era fuertemente resistida por la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas de Argentina (Alea), que veía en esta propuesta una amenaza a su poder de operatoria y recaudación.

Si bien existía un amplio consenso en cuanto a la urgencia de atacar la problemática de la ludopatía infantil, el principal foco de conflicto fue la prohibición de la publicidad, uno de los ejes de la propuesta.

El proyecto aprobado en 2024 limitaba de forma estricta la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y de apuestas en línea.

En concreto, el texto afirmaba que en la prohibición “quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la indumentaria deportiva, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro”.

El proyecto de ley aprobado por Diputados también tenía otras aristas, como la prohibición de bonos de bienvenida, patrocinio de equipos deportivos, deportistas, estadios, o eventos culturales; y que los operadores de apuestas en línea deben implementar sistemas de verificación biométrica (reconocimiento facial) conectados al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad y edad al registrarse y al iniciar sesión.

Así mismo, se creaba el RENA (Registro Nacional de Autoexclusión), para que las personas pudieran autoexcluirse de juegos de azar y apuestas en línea, y se obliga a los operadores a brindar información clara sobre reglas, probabilidades y operaciones del juego, con el fin de permitir acceso al historial de juego y comportamiento del usuario.

De acuerdo al nuevo proyecto que ingresó esta vez por el Senado, donde LLA es mayoría, se propone “restringir la publicidad de plataformas no autorizadas”, pero no regula a las autorizadas.

Es la consagración del negocio de las plataformas legales”, le dice a este medio la diputada por la Coalición Cívica Mónica Frade, coautora del proyecto anterior. Y afirma: “Nunca ví en mi vida parlamentaria que se quiera legislar sobre lo ilegal”.

Si existen sitios ilegales de juegos online, es porque el Estado no está haciendo adecuadamente su trabajo. Sencillamente los debería combatir con el poder de Policía.

Sin embargo, lo que hace el Gobierno es proponer una Ley para decir que todas las apuestas se deben hacer en las plataformas legales. Es decir, no solo no previene el juego, sino que lo fomenta con un claro afán recaudatorio y en connivencia con los grandes jugadores del sector”, añade Frade.

Se estima que las apuestas online en Argentina mueven alrededor de 1570 millones de dólares al año, una cifra astronómica. Y que capta un total aproximado de 5 millones de usuarios.

Según cuenta Página 12, durante el tratamiento en 2024, se lo vio dando vueltas por el Congreso a Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors y uno de los grandes actores locales del sector.

Además, en aquel momento hubo una reunión en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados con directivos de las loterías y casinos provinciales de todo el país, en el pidieron que se regulen solo las plataformas ilegales.

Detrás de las plataformas asoman grandes multinacionales del juego con empresarios históricos del sector local. Y, casi sin excepción, aparecen vínculos con la política, nacional, provincial y municipal.

Provincia de Buenos Aires

El objetivo oculto siempre fue captar la enorme masa de jugadores ilegales”, le confía a este medio un concejal peronista de General Pueyrredon.

Hace un año, el Concejo Deliberante marplatense aprobó un proyecto para bloquear el acceso a sitios en escuelas municipales,  que apunta a instruir a la Secretaría de Educación, como autoridad de aplicación, a configurar los routers de la conexión WiFi de las escuelas bajo su jurisdicción para, de esa manera, bloquear los sitios y acceso URL vinculados a apuestas.

Según un estudio publicado a comienzos a fines de 2024 realizado por la ex titular de ANSES, la camporista Fernanda Raverta, en Mar del Plata “uno de cada cuatro jóvenes ha apostado alguna vez en plataformas de apuestas online”.

Con la participación de 3.370 adolescentes en forma anónima y voluntaria, los resultados mostraron que el 25% de los encuestados ya había incursionado en apuestas online, con una incidencia del 35,1% en varones y un 14,5% en mujeres.

Además, el 5,46% de los chicos de 12 años había apostado al menos una vez, mientras que el porcentaje asciende al 33,73% entre los de 18 años. De estos últimos, el 9,53% declaró que actualmente realiza apuestas, evidenciando un vínculo preocupante con el juego.

Y otro dato: 107 jóvenes de los más de 3000 encuestados admitieron haberse endeudado para poder apostar. 

Según el informe del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 8,29% de los argentinos ha apostado en línea en algún momento de su vida, cifra que se eleva al 12,5% entre los jóvenes de 15 a 24 años.

De acuerdo a un informe de Walter Martello, integrante de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, existe un eslabón medio dentro del mundo de este mundo. “Los llamados “cajeros”, que cumplen un rol clave en las maniobras de captación y en algunos casos llegan a ganar hasta 5 mil dólares por mes.

¿Qué hacen los cajeros? Son los encargados de reclutar a los apostadores. En la mayoría de los casos son adolescentes o jóvenes que contactan a chicos a través de mensajes de WhatsApp, Instagram o Telegram.

Los «cajeros» operan solamente en las plataformas clandestinas. Los organizadores del juego clandestino los utilizan para que sean los mediadores entre los apostadores y las plataformas”, revela el trabajo.

Y amplía: “Les facilitan las opciones a los jugadores y reciben el dinero para jugar al póker, black jack, fútbol, boxeo, tenis o lo que sea”.

«Si el apostador gana, los cajeros son los responsables de transferir las ganancias. Si el apostador pierde ellos cobran un porcentaje de la jugada. Esta modalidad se extiende cada vez más entre los adolescentes y jóvenes”, advierte.

Un hombre de 30 años, cuya inicial es L., consultado por este medio y que oficia de «cajero», cuenta que el «trabajaba en una empresa de reparto, estaba en blanco y ganaba como si fuera hoy $1.500.000. Me ofrecieron esto y pasé a ganar casi 5 veces más».

Cabe señalar que el 8 de julio de 2024, el gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezado por Axel Kicillof, presentó un programa para combatir las apuestas ilegales online, “una problemática que crece entre adolescentes”, definió, para lo que puso en marcha “una mesa de trabajo interdisciplinario que se estructurará en siete puntos relacionados a la creación de un observatorio de ludopatía, a la concientización en escuelas, a la regulación de la publicidad, al control y a la atención de la problemática en centros de salud mental”, aclararon.

Pero una Ley en concreta, en rigor de verdad, no hay.

Cabe recordar que quien fuera Jefe de Gabinete de Kicillof en su primer mandato, el ex intendente de Lomas de Zamora Martin Insaurralde, fue investigado por la Justicia por mantener vínculos muy estrechos con operadores del juego, acusado de posible enriquecimiento ilícito y de financiar campañas electorales con dinero proveniente presuntamente del negocio de las apuestas.

Pero así mismo existen varias iniciativas en tal sentido. con foco en los colegios de la provincia como espacio donde se pueda contribuir a la prevención de la adicción al juego.

Dos de los legisladores que presentaron iniciativas son los diputados radicales Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minnaard, que armaron un grupo parlamentario para trabajar sobre esta problemática a nivel legislativo.

Uno de los proyectos que es para modificar la Ley 10.670 e incluir de forma obligatoria en el sistema educativo bonaerense programas de prevención destinados a trastornos psicosociales, incorporando explícitamente a la ludopatía junto a los consumos problemáticos y la violencia.

La transformación digital eliminó las barreras de tiempo y espacio. Actualmente, los chicos pueden acceder a apuestas deportivas y casinos virtuales desde sus celulares y billeteras virtuales, muchas veces sin control parental, remarcó Miranda y agregó: “esta situación ya se traslada a las aulas, asociándose con desatención, ausentismo, endeudamiento entre pares y una caída abrupta del rendimiento académico”.

La Ley 10.670 de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en 1988, establece la inclusión obligatoria de programas de prevención primaria dentro del sistema educativo bonaerense para abordar problemáticas psicosociales como el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo y la violencia.

En la Provincia de Buenos Aires se aplicó además la Ley 15.131, que establece un marco para la prevención, asistencia y tratamiento del juego compulsivo en el territorio bonaerense.

En mayo de 2006 se sancionó también la Ley 13.470, que establece la prohibición a los menores de 18 años a participar de cualquier tipo de actividad de carácter lúdico, donde se participe emitiendo apuestas en dinero o valores, con el fin de obtener premios de cualquier tipo de naturaleza.

Pero con el vertiginoso avance de la tecnología, dicho marco legal queda cada vez más anacrónico, por lo que se general “lagunas legales” por donde se cuela la problemática.

Sea como fuese, el problema persiste. Y como se dijo, atraviesa todo los ámbitos.

Y en vísperas del Mundial que se avecina, la cuestion se agudiza.

Una fuente marplatense consultada, un hombre de 54 años, de primera línea por ser un “apostador empedernido”, le confía a este medio que “las apuestas están a tope, no sólo con los resultados de los partidos, sino más que nada con los corners a favor que va a tener tal o cual selección, o tiros libres, y cosas así”.

Por último, en el plano nacional, cabe preguntarse qué va a pasar con el proyecto sancionado por Diputados en 2024. Algunas fuentes sostienen que va a caer, otros que al comenzar un tratamiento en comisión, como ocurrió en Senadores, la iniciativa sigue vigente.

El negocio es muy próspero.

En los últimos años, se consolidaron casas de apuestas deportivas online de manera legal. Es el caso Betsson, Bet365, Bplay o Bet Warrior por ejemplo, que rápidamente incorporaron publicidades con figuras reconocidas del país como la conductora Wanda Nara, la actriz Florencia Peña, el cantante L-Gante y en las camisetas de los clubes de fútbol más grandes de Argentina, Boca Juniors y River Plate.

La ONG Faro Digital publicó un trabajo llamado “Conversación digital sobre ludopatía”, donde se analizó, entre otras cosas, “la demanda de la información utilizando distintas herramientas de medición que recopilan datos de acceso público”.

Allí, se decía, entre otras cosas,  que “la plataforma de apuestas Bet365 recibe más de 4.8 millones de visitas mensuales, con una gran cantidad de tráfico proveniente de YouTube y plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram”.

Y atención con este dato. “El 70% de los usuarios de Bet365 son hombres jóvenes entre 24 y 35 años, con una importante presencia de personas de entre 18 y 24 años, algunos de los cuales podrían ser menores”, concluía.

Habría que ver qué ocurre con la nueva ley que acaba de ingresar por la Cámara Alta. Y hay quienes no descartan que pueda intervenir la propia Victoria Villarruel, más allá de la influencia que pueda tener.

Se verá.

Antonela Martina

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