La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) emitió un duro pronunciamiento público contra la actual conducción económica del gobierno de España comandado por Pedro Sánchez (foto portada). Los funcionarios encargados del control tributario denunciaron la existencia de una asfixia fiscal generalizada sobre los hogares y se declararon víctimas directas del encarecimiento del costo de vida.
Un problema más para el Presidente del gobierno español.
Según su propia web, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) «es la única organización sindical, profesional, independiente y sin ánimo de lucro, representativa de los intereses de los Inspectores de Hacienda del Estado«.
Los inspectores tributarios vincularon el malestar social a la aparición de gravísimos casos de presunta corrupción política en el seno de la administracione pública. Las cúpulas de la asociación afirmaron que estos escándalos éticos merman la credibilidad del sistema democrático en momentos donde las familias sufren serios problemas de empleo, vivienda e inflación.
De acuerdo a la oposición, el Gobierno socialista es acusando de ahogar a trabajadores autónomos, empresas y familias con su política impositiva.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la presión fiscal, que representa el porcentaje de impuestos y cotizaciones sociales respecto al Producto Interior Bruto, se situaba en el 37,3% en el país en 2024.
Aunque esta cifra supera en varios puntos la media del conjunto de las economías desarrolladas, que se ubica alrededor del 34%, todavía queda por debajo del promedio de la Unión Europea, que bordea el 40%.
El análisis internacional ubica a España en el grupo de países de fiscalidad media-alta en Europa, junto a otras naciones como Alemania, Italia, Austria y Portugal, publicó el medio Infobae.
De acuerdo a la OCDE, “uno de los principales problemas del sistema fiscal español es su diseño”. En particular, advierten de que la carga tributaria recae en gran medida sobre el trabajo, lo que puede desincentivar tanto la contratación como la búsqueda de empleo.
¿Y por casa cómo andamos?
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre 1997 y 2023 la presión fiscal aumentó 51,1 por ciento.
Al inicio del período analizado la recaudación tributaria total del Sector Público Argentino representaba el 21,1% del PIB (Producto Interno Bruto). Esta cifra se mantuvo relativamente estable hasta el año 2002, cuando de hecho se registró el valor más bajo (20,2%), pero a partir de entonces comenzó a crecer y ya no volvió a esos niveles.
En 2023, la carga fiscal llegó a un valor de 31,9% del PIB.
Pero en 2025, Argentina volvió a los niveles de 1997. “La presión tributaria nacional se ubicó en 21,9% del PBI nominal, con un descenso de 1,2 puntos porcentuales (p.p.) frente a 2024”, señaló la consultora Outlier.
El fin del impuesto PAIS y la reducción de retenciones explican gran parte de la caída de la carga impositiva.
Por un lado, con la eliminación del impuesto PAIS —que representaba 1,1% del PBI y gravaba la compra de dólares— y, por otro, con la quita transitoria de las retenciones al agro en agosto, en plena crisis cambiaria desatada tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, en las últimas horas trascendió que El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de sugerencias para transformar el esquema impositivo argentino y así mejorar los ingresos públicos.
Una de ellas es la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. Y otra el siempre cuestionado régimen del Monotributo.
El FMI reconoció que este esquema contribuyó a la formalización de pequeños contribuyentes y amplió el acceso a servicios de salud y pensiones.
Sin embargo, advirtió que la carga fiscal del Monotributo es considerablemente menor que la del régimen general, lo que genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria al pasar de una categoría a otra.
El organismo sugirió alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto.
De concretarse, sería un golpe casi de knock out para miles de contribuyentes.
Redacción
