Entre el impacto generado por el sorpresivo triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil del pasado domingo, y por la esperpéntica fuga de su contrincante, Flavio Bolsonaro, una noticia del vecino país pasó casi inadvertida.
En el medio de sus festejos por haber logrado una nueva reelección, el Presidente brasilero dijo algo a lo que debiera prestarse atención: defendió la regulación de las redes sociales y acusó a las plataformas digitales de intentar manipular los resultados electorales.
“Tendremos que regularlas. Es imposible que ignoremos que los delitos en el mundo digital deben ser tratados igual que los delitos en la vida real”, afirmó el mandatario. Así mismo, Lula también criticó a las grandes empresas tecnológicas por sus ingresos y obligaciones fiscales en Brasil.
El debate sobre el uso de las redes sociales es mundial, pero generalmente hace foco en los menores de 16 años, donde varios países ya las prohibieron para dicha franja etaria.
Quien lidera una embestida similar a la que pretende Lula es el gobierno de Australia, también de centro izquierda como el partido del líder brasilero, tras su prohibición de redes sociales para niños, la primera en el mundo.
A comienzos de septiembre, la administración del Primer Ministro Anthony Albanese presentó diversos proyectos de ley donde propone dar a los usuarios de redes sociales la opción de seleccionar el contenido que ven en sus feeds, y en el cual las plataformas digitales estarán obligadas a notificar a los usuarios y ofrecerles la opción de elegir su feed predeterminado.
El feed en redes sociales es el flujo constante y continua de publicaciones, ya sea fotos, videos, textos, reels y anuncio.
Por su parte, los usuarios podrán optar por que su feed predeterminado incluya contenido personalizado recomendado por un algoritmo. Alternativamente, pueden desactivar las recomendaciones algorítmicas y ver solo las publicaciones de los amigos y creadores que elijan seguir.
Australia, en verdad, sigue los pasos de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que desde 2024 exige a las plataformas ofrecer a los usuarios la opción de desactivar la elaboración de perfiles.
“Las empresas de redes sociales se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor en todo el mundo ante la preocupación de que sus algoritmos hayan sido diseñados para fomentar comportamientos adictivos, atrayendo a los usuarios a una visualización prolongada mediante recomendaciones que los empujan hacia contenido similar”, afirma la agencia Reuters.
El incumplimiento podría implicar sanciones de hasta 109,2 millones de dólares australianos (79 millones de dólares estadounidenses), y el organismo regulador de internet de Australia, eSafety, es el responsable del cumplimiento y la aplicación de la normativa.
Hace poco más de dos años, este medio reflejó en un artículo el comienzo de la discusión pública en Australia sobre este tema, donde los críticos de esta iniciativa aseguraban que estaba en riesgo la libertad de expresión.
Las críticas fueron tan severas que el gobierno se vió obligado a morigerar el proyecto de ley, finalmente presentado hace dos meses.
El Instituto de Asuntos Públicos describía la legislación como «el mayor ataque a la libertad de expresión en la historia de Australia en tiempos de paz».
“La legislación contra la desinformación presentada hoy en el parlamento federal representa un ataque aterrador al derecho de todos los australianos a la libertad de expresión. El nuevo proyecto de ley amplía las disposiciones para censurar la libertad de expresión, algo que ni siquiera el primer borrador del gobierno, fatalmente defectuoso, incluía”, decía John Storey, director de Derecho y Políticas del IPA.
Las leyes propuestas en 2024 facultaban a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) a imponer multas masivas (de hasta el 5 por ciento de los ingresos globales) a las plataformas de redes sociales que no tomaran medidas adecuadas contra la información errónea y la desinformación en sus plataformas.
La ACMA también recibía nuevos poderes para aprobar códigos industriales ejecutables para lidiar con la desinformación y la información errónea, o establecer estándares por sí misma, si consideraba que las plataformas no han abordado el problema a través de la autorregulación.
El proyecto de ley limitaba el alcance de lo que puede capturarse a contenido que sea “verificable como falso, engañoso o falaz” y “razonablemente probable que cause o contribuya a causar un daño grave”.
La nueva ley, bajo el lema «Mi contenido, a mi manera”, también reforzará la protección de los menores de 18 años frente a contenidos que promuevan trastornos alimentarios, pornografía, ideas hostiles hacia las mujeres, delitos o conductas peligrosas, además de material que pueda causar graves daños a la salud mental, incluido el acoso.
La discusión que se viene no es menor.
Mientras en Australia, el debate va tomando forma, un presidente latinoamericano, también enrolado en la centro izquierda, como lo es Lula, quiere traer dicha discusión a estas tierras, lo que parece marcar una profunda diferenciación con los gobiernos identificados con la derecha, como el de Javier Milei en nuestro país, que se oponen rotundamente a este tipo de iniciativas.
A tal punto, que el mismo día de la victoria lulista, el diputado federal por el Estado de Río Grande do Sul y dirigente del Partido de los Trabajadores, Paulo Pimenta, afirmó que el gran desafío de Brasil de cara al próximo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva es regular las plataformas digitales y las redes sociales. “Este tema en democracia debe ser enfrentado”, señaló.
Y atención con esta declaración.
“Las plataformas y lo que sucedió en torno a ellas debe servir como alerta para el mundo democrático, la manera en que se puede intervenir, la falta de transparencia sobre los algoritmos, los mecanismos que se utilizan para definir el alcance de un contenido, que afecta a un sistema democrático y la democracia de cualquier país, es un tema que debe ser enfrentado”, dijo el diputado Pimenta.
Además, recordó que “esto afecta a todos los países democráticos, que no pueden enfrentarse a una injerencia externa como ocurrió en Brasil”.
Luego de la primera vuelta, donde ganó Bolsonaro, el oficialismo había acusado una injerencia de EEUU en las distintas plataformas.
El Partido de los Trabajadores denunció que Meta, la compañía dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp, bloqueó y restringió los posteos de la campaña de Lula y promovió los de Bolsonaro.
Asi fue como para el balotaje, la campaña petista se concentró en un canal de Whatsapp llamado “Exército de Lula”, impulsado por el diputado André Janones, quien llevó la campaña a ese territorio digital y fue, se afirma, uno de los grandes artífices de la remontada de Lula.
Janones decidió potenciar el mencionado canal, que había creado en abril y crecía lentamente. El 5 de octubre, lanzó un llamado a la acción inicial después de la primera vuelta.
“Prepárate para sorprenderte”, dijo. “Mantén la cabeza en alto, porque vamos a ganar esta elección, y te diré cómo: vamos a ganar esta elección, primero, hablando el idioma del pueblo”.
El canal también se apoyó en un mensaje simple y resonante: que Brasil no podía darse el lujo de tener otro Bolsonaro como presidente, cuenta el New York Times.
Buscando reunir apoyo para Lula, Janones comenzó a usar el lenguaje del conflicto armado, llamándose a sí mismo “general” y a sus seguidores “soldados”, a quienes les asignaba tareas que llamaba “misiones”.
“Son tiempos de guerra. La época que estamos viviendo hoy no es el momento para que hagamos lo que nos gustaría hacer. Es el momento de hacer lo que debe hacerse”, manifestaba hace pocas semanas.
¿Y en Argentina qué pasa?
En 2025, la Universidad de San Andrés, publicó un trabajo llamado “Cuatro claves para regular redes sociales en Argentina y la región”, firmado por la profesora María L. Vázquez, directora del Departamento de Derecho.
Allí, se afirma que “América Latina es una región desigual donde conviven un 38% de la población sin acceso a internet y un total de 410 millones de usuarios de redes sociales, y donde, más allá del Marco Civil de Internet sancionado en 2014 en Brasil, se carece de legislación específica sobre regulación de contenidos de redes sociales”.
Debido a ello, los autores consideran cuatro elementos centrales a la hora de pensar estos temas: “las obligaciones de los intermediarios de internet, la protección de los datos personales y la privacidad, el derecho al honor y la reputación, y las tendencias legales vinculadas con discurso de odio e influencers”.
¿Será lo que se viene en Latinoamérica, al menos en los países donde gobierna la izquierda?
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
