La noticia ya es conocida. En la madrugada del pasado miércoles al jueves, en un operativo conjunto entre la justicia federal de Mar del Plata, ARCA y el gobierno local, se arrasó y se desmanteló por completo los 170 puestos ilegales de la llamada “Saladita” de la ciudad, en plena rambla.
Pero lo que se desprende del hecho vale la pena destacarlo y analizarlo.
La feria funcionaba de forma irregular desde hace más de 25 años tras obtener un permiso precario. El predio había sido otorgado a la Asociación de Vendedores Ambulantes de Mar del Plata por medio de la Ordenanza 12.953, votada por unanimidad el 18 de noviembre de 1999, por un plazo de 3 años. Se había permitido la instalación de hasta 70 puestos móviles bajo estrictas condiciones de higiene, retiro diario de mercadería y prohibición de venta de alimentos y bebidas.
Pero por supuesto, tras la crisis de 2001 y la naturalización de la ilegalidad que operó en la Argentina en las últimas décadas, todo se desmadró y lo que comenzó siendo una emergencia terminó como un gran negocio, tras una serie de distintas prórrogas y hasta con nombre propio: Paseo de Compras Bristol. Y con 2.500 mts cuadrados.
El mismo ya era parte del paisaje. “Ahora se ve el mar”, se pondera.
Para tener una verdadera dimensión del negocio en el que mutó, cabe decir que en el operativo, encabezado por la Prefectura desarrollada en el marco de una causa por infracción a la Ley de Marcas, se secuestraron 400 bultos de mercadería en infracción, que contenían más de 8.000 productos como indumentaria, calzado, accesorios, artículos de bazar y de electrónica, valuados aproximadamente en $500 millones.
Y con alquileres desde casi $1.000.000 hasta más de $3.000.000 por mes.
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal Nº 8, cuyo titular es el Dr. Pablo Dallera, y la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, del Dr. Santiago Eyherabide.
La denuncia judicial la inició el gobierno de Guillermo Montenegro cuando todavía estaba al frente del municipio, antes de su licencia para ser senador bonaerense, en diciembre de 2024. Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), en aquel momento comandado por Bernardo Martín, Montenegro recurrió a la justicia para que investigara el funcionamiento de esta feria que consideraba ilegal y que ocupaba parte de la Unidad Fiscal Playa Bristo, que en 2022 se licitó para funcionar como balneario y paseo comercial regulado.
El pedido de desalojo de la feria se basaba en informes municipales que indicaban que los puestos generaban “un riesgo cierto y serio en la seguridad y salubridad públicas”, debido a la falta de agua potable y cloacas en las instalaciones«.
Según la inspección municipal, se estaba violando la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051 por los desechos y la contaminación por falta de mantenimiento.
Pero detrás de esto también hay otro conflicto: la administración de la Rambla.
Es que el emblemático paseo marplatense no pertenece al municipio, sino a la provincia. No es el único espacio en la ciudad gestionado desde La Plata. Por caso, vale mencionar el complejo Punta Mogotes y el Puerto.
Por ello, desde el municipio venían reclamando que o bien la rambla pase a manos locales o al menos que la provincia encare las obras necesarias para su mantenimiento, que dejaba bastante que desear.
Pero el gobierno bonaerense de Axel Kicillof se negó a ceder el lugar. Lo hizo a través del ministro Carlos Bianco, quien en su respuesta, prometió que las obras de restauración y puesta en valor de la Rambla se iban a realizar después de la temporada de verano 2025.
Aunque demoradas, las obras comenzaron en julio de 2025. Las mismas buscan renovar integralmente más de 40.000 m² de solado y mejorar la infraestructura histórica. El proyecto incluye el recambio de baldosas, modernización de pluviales y puesta en valor de los lobos marinos, con el fin de devolverle su esplendor original.
De hecho, es una gran apuesta de Kicillof, ya que a la entrada de la ciudad, por Ruta 2, se puede ver un enorme cartel anunciando la obra.
Por eso, y aunque cueste creerlo producto de una histórica mala relación entre Montenegro y el gobernador, el impactante desalojo de la feria tuvo apoyo y colaboración del gobierno provincial.
De hecho, durante las horas previas, se comunicaron varias veces Montenegro, el ministro de Obras Públicas provincial, Gabriel Katopodis (quien mantiene un buen vínculo con el intendente interino, Agustín Neme) y su par de Seguridad, Javier Alonso, para coordinar el operativo.
«En Mar del Plata estamos restaurando a nuevo la Rambla y mejorando la Playa Bristol para que vuelva a ser un espacio público cuidado y para el disfrute de todos», publicó el funcionario en X.
Y para no dejar dudas, agregó: “»Para cumplir este objetivo es fundamental el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y la Municipalidad de Mar del Plata para regularizar la feria que funcionaba allí de manera irregular hace muchos años»
Para destacar, aunque más no sea por conveniencia. “Kicillof no podía mostrar los avances de la obra con esa feria a la vista”, aseguran fuentes municipales.
Pero aquí entra en juego otro actor importante: el juez Santiago Inchausti, en quien recayó la denuncia del gobierno local.
Un magistrado con un gran poder. En la práctica, el único juez federal penal de la jurisdicción, ya que además de ser titular de un juzgado, subroga el otro, vacante desde 2015. Pero además, luego de la renuncia de su par Alfredo López, en materia civil, será el único juez titular de la ciudad junto a Santiago Martín, el otro magistrado civil.
Si bien cultiva un marcado perfil bajo, tiene una gran predilección por ordenar operativos y allanamientos de fuerte impacto: dólar ilegal, pesca, droga. Todo pasa por sus manos, y su impronta es indescifrable para el poder político marplatense. “Es un gran misterio”, dicen de él en la justicia local.
Aunque alguna vez este medio lo vinculó a Máximo Kirchner, cerca del juez lo negaron: “Nada que ver”, dijeron. Sea como sea, su trabajo en estos 18 meses de investigación fue ponderado por todos.
«La Saladita», durante su auge
Algún indicio se pudo prever sobre la coordinación entre provincia y municipio en las horas siguientes al operativo, ya que pocas voces del kirchnerismo local se dejaron escuchar. Además, en función de lo que fue el conflicto social expresado en las calles en los últimos 20 años, cabía imaginar que iba a existir una fuerte protesta en los días siguientes.
Pero nada de eso ocurrió.
Sólo una tímida declaración del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) local, quien amenazó con acciones legales. Su titular, Walter Rivero, fue detenido tras el operativo. Y aunque luego fue liberado, enfrenta serios cargos en la justicia.
Y aquí cabe subrayar otro aspecto. Un nuevo ordenamiento del espacio público, que puede comenzar en Mar del Plata y expandirse a otros puntos del país.
La gestión del gobierno local suele ser cuestionada por una marcada tendencia a la privatización de espacios públicos, dando en concesión lugares emblemáticos de la ciudad, como por ejemplo el estadio Minella.
“La privatización puede ser discutible, pero la usurpación no”, le señala a este medio un hombre muy cercano a Montenegro. “Y acá lo que se debe destacar es la recuperación de un espacio clave como la Rambla, y con los consensos necesarios para ver lo que vamos a hacer ahí”, añade en clara relación al trabajo con Provincia.
Lo que ocurra allí en los próximos meses será importante para seguir comprendiendo la magnitud del reciente operativo. Y también lo que pueda ocurrir en las próximas horas, ya se ahora, la mira está puesta en dos ferias más: la de la nueva Terminal y la de Plaza Rocha.
“Queremos trabajar, estamos en una ciudad que definitivamente es pobre y si nos sacan esto a casi 200 familias es dejarla en la calle”, aseguró Rivero luego de su liberación.
El dato no es menor, ya que en un contexto muy difícil en la ciudad, luego de una temporada directamente mala, habrá que estar atentos a que este hecho no aumente la conflictividad social al margen de las estructuras políticas.
De hecho, en las últimas horas, los feriantes de Plaza Rocha mostraron su apoyo a sus pares desalojados.
Si bien dicha feria esta regulada por la Municipalidad, la situación continúa siendo precaria y la zona, además, es muy conocida por la inseguridad: robos pirañas, mucho gente en situación de calle, sustracción de vehículos. Aunque cabe distinguir: una es la feria que da a la calle 20 de septiembre, y otra muy distinta es la que da a la calle Dorrego.
En cualquier caso, habría que estar atento a los siguientes pasos en esta materia. “El operativo de la feria de la Bristol es apenas la cabeza del pulpo, de la misma causa se pueden desprender más”, aseguran.
Pablo Portaluppi
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
